Cristina Fernández: "Libertad de prensa es que se escuchen todas las voces, sin censuras"
En un acto donde presentó obras para el conurbano bonaerense, la Presidenta denunció hoy que fue censurada por el Grupo Clarín cuando mencionó que sus directivos son investigados por lavado de dinero. Y aseguró que su gestión superó "el año más difícil de la historia de los argentinos"
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, acusó hoy que fue censurada por el Grupo Clarín y vinculó ese hecho con la mención de una investigación por lavado de dinero que involucra a parte de su directorio. "El miércoles pasado la Presidenta de la República fue censurada por el monopolio cuando dije que los accionistas de Clarín están investigados por lavado de dinero", aseguró durante un acto en Dock Sud, partido de Avellaneda.
En un fuerte discurso ante cooperativistas y militantes kirchneristas, la Presidenta destacó la importancia de nueva Ley de Medios al remarcar que “la liibertad de prensa es que se escuchen todas las voces, sin censuras".
"Algunos presuponían que el vendaval nos iba a llevar, pero acá estaba este modelo económico político y cultural que comenzamos a construir en el 2003 y centró sus objetivos centrales en la recuperación de la dignidad de los argentinos", explicó la Presidenta respecto de las críticas de la oposición y remarcó los logros obtenidos en un año donde la crisis financiera golpeó a las principales potencias mundiales.
Cristina Fernández enfatizó que la Argentina superó en el 2009 "el año más difícil de la historia de los argentinos de muchas décadas" gracias al "modelo económico, político y cultural" puesto en marcha. Por lo que subrayó: "los datos que trae hoy la economía son los de la recuperación" y reconoció que "son los humildes los que ponen el hombro al servicio de la Patria, y fue así desde el comienzo de la Argentina".
La Presidenta recorrió las obras de reciclado del puente Nicolás Avellaneda y la construcción de 120 viviendas que se realiza a través del Plan Federal de Viviendas, en Dock Sud. “Venimos a devolverle algo de lo que otros le quitaron al pueblo argentino durante décadas", aseguró Cristina Fernández.
La visita presidencial se concretó con el acompañamiento del secretario de Obras Públicas, José López; el administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
En el puente Nicolás Avellaneda el Gobierno nacional invirtió $94 millones en las obras de remodelación edilicia de los accesos peatonales y del puente, por donde circulan 80 mil vehículos por día. Las 66 viviendas que ya se han terminado de construir en la zona pertenecen al Programa de Urbanización de Villa Tranquila.
Las obras del puente consisten en la reparación y refuncionalización de la estructura, que, a su vez, comprende el mantenimiento durante la vigencia del contrato. Además, se realizaron obras en el cruce peatonal donde se incorporaron escaleras mecánicas y dos ascensores hidráulicos de última generación para acceder a la pasarela superior del puente.
En las obras están trabajando tanto el personal de Vialidad Nacional, como integrantes de organizaciones sociales de La Boca y Dock Sud, que cumplen con el cuidado y la limpieza de las nuevas instalaciones.
viernes, 5 de febrero de 2010
miércoles, 3 de febrero de 2010
FUERZA MORENO !!!
Denuncia radicada en el Juzgado Comercial 20
Se formalizó denuncia contra Papel Prensa
En representación del Estado Nacional, que tiene en 27,46% de los derechos societarios en Papel Prensa S.A., el secretario de Comercio Interior formalizó una denuncia ante la Justicia por "graves irregularidades de funcionamiento en el directorio" y pidió la intervención de la administración.
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, formalizó una presentación contra la empresa Papel Prensa y los directores Jorge Carlos Riendo (Grupo Clarín) y Julio César Saguier (Grupo La Nación) por "graves irregularidades de funcionamiento en el directorio”, que fueron constatadas por la Comisión Nacional de Valores y pidió que se acepte como medida cautelar "la intervención de la administración”.
La presentación fue realizada en representación de los derechos societarios del Estado Nacional en Papel Prensa S.A., que tiene el 27,46% del paquete accionario y quedó radicada en el juzgado Comercial 20 a cargo de Eduardo Malde.
Incluye a los directores Julio César Saguier (Grupo La Nación), Jorge Carlos Rendo (Grupo Clarín), Alejandro Alberto Urricelqui, Héctor Mario Aranda, Francisco Iván Acevedo, Alberto Maquieira y Guillermo González Rosas; a los que se suman los miembros titulares del Consejo de Vigilancia: Saturnino Herrera Mitjans, Alejandro Julio Saguier y Horacio Pablo Verdaguer.
Solicita como medidas cautelares "la nulidad de todas las reuniones del directorio de la sociedad Papel Prensa celebradas a partir del día 4 de noviembre de 2009, oportunidad en que se celebraron dos reuniones de ese órgano, cuya declaración de nulidad también se requiere".
En la presentación señala "graves irregularidades en el funcionamiento del directorio de Papel Prensa", como la designación de Maquieira para ocupar la Presidencia del Directorio en reemplazo de Julio Saguier, resuelto el 4 de noviembre del año pasado.
"En muy poco tiempo la dolosa actuación de los directores designados por los accionistas privados de Papel Prensa ha llevado a que esta sociedad acumule vicios de funcionamiento que por su cantidad y gravedad ameritan la promoción de estas acciones y el correspondiente dictado de las medidas cautelares previstas por los artículos 113 a 117 y 252 de la ley 19550".
En la sección XIV de la ley 19550, su artículo 113 dice que "cuando él o los administradores de la sociedad realicen actos o incurran en omisiones que la pongan en peligro grave, procederá la intervención judicial como medida cautelar con los recaudos establecidos en esta Sección, sin perjuicio de aplicar las normas específicas para los distintos tipos de sociedad”.
Por tal razón solicita "la intervención de la administración de la sociedad y en tal instancia cautelar, el desplazamiento de los directores”.
Agrega que "se han violado derechos de accionista del Estado nacional, como su derecho de información y su derecho a estar efectivamente representado en el Consejo de Vigilancia".
"Las ilegítimas y abusivas conductas señaladas ameritan no sólo la procedencia de la acción de nulidad de las reuniones de directorio y asamblea de accionistas", "sino también la demanda de la acción de remoción de directores y consejeros de vigilancia, así como sus correspondientes medidas cautelares específicas".
La empresa Papel Prensa es una sociedad cuyo capital accionario es 49% del Grupo Clarín -de manera indirecta a través de sus sociedades controladas-; 27,46% del Estado nacional; 22,5% de La Nación; y el 1,04% en manos de terceros.
Se formalizó denuncia contra Papel Prensa
En representación del Estado Nacional, que tiene en 27,46% de los derechos societarios en Papel Prensa S.A., el secretario de Comercio Interior formalizó una denuncia ante la Justicia por "graves irregularidades de funcionamiento en el directorio" y pidió la intervención de la administración.
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, formalizó una presentación contra la empresa Papel Prensa y los directores Jorge Carlos Riendo (Grupo Clarín) y Julio César Saguier (Grupo La Nación) por "graves irregularidades de funcionamiento en el directorio”, que fueron constatadas por la Comisión Nacional de Valores y pidió que se acepte como medida cautelar "la intervención de la administración”.
La presentación fue realizada en representación de los derechos societarios del Estado Nacional en Papel Prensa S.A., que tiene el 27,46% del paquete accionario y quedó radicada en el juzgado Comercial 20 a cargo de Eduardo Malde.
Incluye a los directores Julio César Saguier (Grupo La Nación), Jorge Carlos Rendo (Grupo Clarín), Alejandro Alberto Urricelqui, Héctor Mario Aranda, Francisco Iván Acevedo, Alberto Maquieira y Guillermo González Rosas; a los que se suman los miembros titulares del Consejo de Vigilancia: Saturnino Herrera Mitjans, Alejandro Julio Saguier y Horacio Pablo Verdaguer.
Solicita como medidas cautelares "la nulidad de todas las reuniones del directorio de la sociedad Papel Prensa celebradas a partir del día 4 de noviembre de 2009, oportunidad en que se celebraron dos reuniones de ese órgano, cuya declaración de nulidad también se requiere".
En la presentación señala "graves irregularidades en el funcionamiento del directorio de Papel Prensa", como la designación de Maquieira para ocupar la Presidencia del Directorio en reemplazo de Julio Saguier, resuelto el 4 de noviembre del año pasado.
"En muy poco tiempo la dolosa actuación de los directores designados por los accionistas privados de Papel Prensa ha llevado a que esta sociedad acumule vicios de funcionamiento que por su cantidad y gravedad ameritan la promoción de estas acciones y el correspondiente dictado de las medidas cautelares previstas por los artículos 113 a 117 y 252 de la ley 19550".
En la sección XIV de la ley 19550, su artículo 113 dice que "cuando él o los administradores de la sociedad realicen actos o incurran en omisiones que la pongan en peligro grave, procederá la intervención judicial como medida cautelar con los recaudos establecidos en esta Sección, sin perjuicio de aplicar las normas específicas para los distintos tipos de sociedad”.
Por tal razón solicita "la intervención de la administración de la sociedad y en tal instancia cautelar, el desplazamiento de los directores”.
Agrega que "se han violado derechos de accionista del Estado nacional, como su derecho de información y su derecho a estar efectivamente representado en el Consejo de Vigilancia".
"Las ilegítimas y abusivas conductas señaladas ameritan no sólo la procedencia de la acción de nulidad de las reuniones de directorio y asamblea de accionistas", "sino también la demanda de la acción de remoción de directores y consejeros de vigilancia, así como sus correspondientes medidas cautelares específicas".
La empresa Papel Prensa es una sociedad cuyo capital accionario es 49% del Grupo Clarín -de manera indirecta a través de sus sociedades controladas-; 27,46% del Estado nacional; 22,5% de La Nación; y el 1,04% en manos de terceros.
domingo, 31 de enero de 2010
LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS
Esta nota apareció en Clarín el sábado 30 de enero, asegurando que se suspenderá la Ley de Medios. Hoy salió en Miradas al Sur una nota al respecto de Eduardo Anguita.
Termina la feria judicial y queda suspendida la ley de medios
08:22|Una jueza de Mendoza notificará el lunes de su medida cautelar al Gobierno.
Por: Alejandro Alfie
El 1° de febrero, terminada la feria, vuelve la actividad judicial y, con ella, se retoman los juicios contra la ley de medios audiovisuales. El caso que tendrá un efecto casi inmediato será el que inició, a mediados de noviembre, el diputado Enrique Thomas, quien denunció las irregularidades que se cometieron en la sanción de dicha ley y logró una medida cautelar de la jueza Olga Pura de Arrabal que suspende su aplicación. Sólo resta la notificación al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y al Congreso para que tenga vigencia ese fallo judicial del 21 de diciembre y se suspendan los censos de licencias de radio y televisión que está realizando la Autoridad Federal, así como el funcionamiento de ese organismo, del Consejo Federal y de la Comisión Bicameral, entre otras cuestiones reguladas por la ley de medios audiovisuales.
"En la primera semana de febrero vamos a notificar al Gobierno para que se haga efectiva la medida cautelar de la jueza, que ordenó al Gobierno que se abstenga de realizar acciones que impliquen aplicar esa ley", indicó ayer el diputado Enrique Luis Thomas, del peronismo disidente. Su abogado, Luis Leiva, agregó que una vez que realicen la notificación, se suspenderá automáticamente la vigencia de la ley de medios. "El Gobierno tendrá 38 horas para apelar y sólo la Cámara podrá decidir si modifica o mantiene la cautelar", dijo Leiva. Además, se le darán ocho días al PEN y al Congreso para que ofrezcan pruebas en el juicio que tramita la jueza Pura de Arrabal.
En el mismo sentido, el constitucionalista Gregorio Badeni ratificó que "cuando se notifique la resolución al Gobierno la ley queda suspendida. Si el Estado apela, habrá que ver si la Cámara con esa apelación suspende la medida cautelar o si confirma esa medida".
Desde el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, su presidente, Néstor Busso, reconoció que "puede ser que la ley se suspenda unos pocos días, pero es simplemente una medida cautelar que apenas sea notificada será apelada por el Gobierno y seguramente va a ser revertida". Según su visión, "es inaudito que un diputado nacional argumente ante la Justicia que no conocía el proyecto de ley, cuando fue aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Deberían aprender que en democracia la ley hay que respetarla. Desde mi función como presidente del Consejo voy a hacer todo lo posible para que se cumpla la ley", afirmó Busso.
Uno de los directores de la Autoridad Federal, que pidió no ser identificado, sostuvo que el único funcionario que habla públicamente sobre este tema es Gabriel Mariotto, como titular del organismo de aplicación de la ley. Sin embargo, como ocurrió siempre que este periodista lo llamó, Mariotto estaba "en reunión" y prefirió no responder ninguno de los llamados de Clarín. A menos que ocurra algo inesperado, en la primera semana de febrero se suspenderá la aplicación de la ley de medios y volverá a regir la anterior ley.
Termina la feria judicial y queda suspendida la ley de medios
08:22|Una jueza de Mendoza notificará el lunes de su medida cautelar al Gobierno.
Por: Alejandro Alfie
El 1° de febrero, terminada la feria, vuelve la actividad judicial y, con ella, se retoman los juicios contra la ley de medios audiovisuales. El caso que tendrá un efecto casi inmediato será el que inició, a mediados de noviembre, el diputado Enrique Thomas, quien denunció las irregularidades que se cometieron en la sanción de dicha ley y logró una medida cautelar de la jueza Olga Pura de Arrabal que suspende su aplicación. Sólo resta la notificación al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y al Congreso para que tenga vigencia ese fallo judicial del 21 de diciembre y se suspendan los censos de licencias de radio y televisión que está realizando la Autoridad Federal, así como el funcionamiento de ese organismo, del Consejo Federal y de la Comisión Bicameral, entre otras cuestiones reguladas por la ley de medios audiovisuales.
"En la primera semana de febrero vamos a notificar al Gobierno para que se haga efectiva la medida cautelar de la jueza, que ordenó al Gobierno que se abstenga de realizar acciones que impliquen aplicar esa ley", indicó ayer el diputado Enrique Luis Thomas, del peronismo disidente. Su abogado, Luis Leiva, agregó que una vez que realicen la notificación, se suspenderá automáticamente la vigencia de la ley de medios. "El Gobierno tendrá 38 horas para apelar y sólo la Cámara podrá decidir si modifica o mantiene la cautelar", dijo Leiva. Además, se le darán ocho días al PEN y al Congreso para que ofrezcan pruebas en el juicio que tramita la jueza Pura de Arrabal.
En el mismo sentido, el constitucionalista Gregorio Badeni ratificó que "cuando se notifique la resolución al Gobierno la ley queda suspendida. Si el Estado apela, habrá que ver si la Cámara con esa apelación suspende la medida cautelar o si confirma esa medida".
Desde el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, su presidente, Néstor Busso, reconoció que "puede ser que la ley se suspenda unos pocos días, pero es simplemente una medida cautelar que apenas sea notificada será apelada por el Gobierno y seguramente va a ser revertida". Según su visión, "es inaudito que un diputado nacional argumente ante la Justicia que no conocía el proyecto de ley, cuando fue aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Deberían aprender que en democracia la ley hay que respetarla. Desde mi función como presidente del Consejo voy a hacer todo lo posible para que se cumpla la ley", afirmó Busso.
Uno de los directores de la Autoridad Federal, que pidió no ser identificado, sostuvo que el único funcionario que habla públicamente sobre este tema es Gabriel Mariotto, como titular del organismo de aplicación de la ley. Sin embargo, como ocurrió siempre que este periodista lo llamó, Mariotto estaba "en reunión" y prefirió no responder ninguno de los llamados de Clarín. A menos que ocurra algo inesperado, en la primera semana de febrero se suspenderá la aplicación de la ley de medios y volverá a regir la anterior ley.
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