En el marco de la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del Mercosur
El ministro Alberto Sileoni presidió la 38a reunión de Ministros de Educación del Mercosur y señaló que "la deserción en la escuela media es uno de los grandes temas en común". A su vez destacó la implementación de la Asignación Universal por Hijo
El ministro de Educación Alberto Sileoni,dijo hoy en la 38a reunión de Ministros de Educación del Mercosur que "la deserción en la escuela media es uno de los grandes temas en común".
Silioni presidió esta mañana ese encuentro regional en el que participaron los titulares de las carteras educativas de Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y Venezuela, además de representantes de otros países de la región.
Indicó el ministro que "la deserción en la escuela media es uno de los grandes temas en común". Agregó que "las medidas que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en febrero pasado sobre una escuela secundaria apuntan a retener a los alumnos. Precisamente la dotación de recursos informáticos como las netbooks para 3 millones de chicos del secundario pretende también atender esa situación", y aclaró que "en muchos países están desarrollando acciones en sentido similar".
Comentó que "la Asignación Universal por Hijo es una medida extraordinaria del Gobierno Nacional Argentino que está reduciendo los índices de deserción escolar. Está teniendo un fuerte impacto en las zonas más populosas, en las barriadas más pobres, donde se ha registrado un incremento de la matrícula de entre 20 y 25 %, claramente concentrado en la educación secundaria y con algún impacto en la educación inicial".
Aclaró que "hay países con medidas similares pero ninguna tiene el impacto presupuestario en relación con el PBI que tiene la Asignación Universal por Hijo, que es del 0.6% del PBI".
El titular de la cartera educativa señaló además: "En este encuentro hemos focalizado en temas de la región, tratando cuestiones específicas como es la circulación de alumnos, acreditación de saberes, formación docente, educación media, experiencias, cooperación horizontal".
Por último, a modo de balance, detalló que "El espíritu de la declaración que firmamos para presentar esta tarde en la primera reunión de la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales (Ccmas), apunta a reforzar la integración, y destacar que el Mercosur tiene que ver con el comercio, con la cultura pero también tiene que ver con la educación".
Durante el encuentro, con el que se cerró formalmente el semestre en el que Argentina estuvo a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur, los ministros de Educación se interiorizaron sobre los avances que, a nivel regional, se han producido en los ámbitos de la Educación Básica, la Educación Tecnológica, la Educación Superior y la Formación Docente.
Los Ministros de Educación también recibieron las conclusiones del Seminario "La Educación en el contexto de integración latinoamericana: El rol de la Escuela Media".
La reunión de la CCMAS en la que los Ministros de Educación presentarán la declaración que firmaron se realizará en el Salón Libertador del Palacio San Martín.
miércoles, 9 de junio de 2010
martes, 8 de junio de 2010
REUTEMANN DESTRUYO ARCHIVOS POR COMPLICE CON LA DICTURA
Detenida ilegalmente durante el último régimen militar, fue testigo clave en el juicio al ex
juez Brusa. En su afán por hacer justicia contra sus torturadores, descubrió que el ex gobernador
ordenó suprimir archivos de su caso. Ahora lo denunciará por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Patricia Isasa.
Por Horacio Aranda Gamboa
Su caso terminó de adquirir notoriedad cuando debió testificar en el juicio por el que finalmente el ex juez federal Víctor Brusa fuera condenado a 21 años de prisión acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Santa Fe durante la pasada dictadura militar.
Pese a la condena, Patricia Isasa tuvo la necesidad de conocer los nombres, las jerarquías y los destinos de los otros represores que no estaban sentados en el banquillo de los acusados y los que el 30 de julio de 1976, cuando contaba con tan sólo 16 años, la habían secuestrado y sometido a todo tipo de torturas y vejámenes, incluida la violación.
Casi por causalidad, esta mujer de voluntad inquebrantable, se fue a topar con la novedad de que existía un decreto, el 77/92, a través del cual durante su gestión, el ex gobernador Carlos Reutemann ordenó la destrucción de archivos generados durante los años del terrorismo de Estado y los que pudieron ser vitales a los fines de la búsqueda de verdad y justicia. Tras realizar la denuncia pública y una presentación ante la Procuración General de la Nación, ahora Isasa decidió redoblar la apuesta y radicará una denuncia ante la Justicia para que se investigue al ex hombre fuerte santafesino por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público
y destrucción de información vinculada con crímenes de lesa humanidad.
–¿Como fue su primer secuestro?
–Fui secuestrada el 30 de julio de 1976, mientras me encontraba con rubéola y en camisón. Tocan el timbre, recuerdo que estaba durmiendo y entran militares, y me arrancan de mi casa, tenía 16 años. Vivía en pleno centro y cuando salimos veo mucho despliegue militar y policial por lo que pensé “estarán buscando a alguien importante”, pero todo eso era para llevarse a la delegada de un
curso en la Escuela Normal Superior de Santa Fe.
–¿De que la acusaban?
–Nunca lo supe, todas fueron suposiciones porque nunca tuve un juicio. Aun en los interrogatorios la pregunta era “¿en que andás?”, lo que demuestra que tampoco había una acusación sino una sospecha. Yo era simpatizante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y no creo que mi actividad pudiera poner en riesgo la seguridad de nada.
Tras ser detenida, Patricia Isasa fue derivada a la Comisaría 1ra., lugar que logró reconocer durante el juicio a Brusa y donde fue obligada a permanecer en cuclillas a lo largo de una semana. Ahí era interrogada periódicamente por “Gerardo” –al que después pudo identificar como Gerardo Ramos– quien además “hacía monólogos como si estuviera loco”. Previo a un nuevo traslado y a raíz de sus conocimientos en primeros auxilios fue obligada a asistir a María Rosa, mamá de quien hasta ese momento era su novio, la que “tenía quemaduras, un pezón colgando y las piernas azuladas por haber sido colgada de ellas”.
Finalmente, la mujer sobrevivió luego de ser trasladada a un hospital pero durante 5 años permaneció en silla de ruedas.
–De la gente que pudo reconocer ¿alguno de ellos está desaparecido?
–En el primer lugar sólo pude reparar en Viviana Casol, a los otros sólo los vi pasar. Había un chico que era también de la UES pero que apareció. Nunca pude encontrar a alguien que haya pasado por la 4ta, sólo somos cuatro los que salimos vivos. El primer día “trasladaron” a 10, el segundo “trasladaron” a otros 10 y el día que era nuestro turno, nos dieron la libertad ¿Qué fue lo que pasó? Que la Comisión Interamericana (CIDH) dijo que no iba a venir al país ese día –era julio– y decidió venir en septiembre.
–¿Cómo fue su segunda desaparición?
–Fue un armado que hacen cuando la CIDH anuncia que va a venir en el año ’79. En marzo
empiezo a buscar familiares de las chicas que estuvieron secuestradas conmigo y que fueron trasladadas a Devoto para hacer una presentación en conjunto para que la CIDH hiciera algo. El 1º de julio ponen una bomba en el juzgado federal que queda a una cuadra de mi casa y me secuestran a mí y a otras tres personas conocidas y nos llevan a la Guardia de Infantería. Durante el interrogatorio venía un tipo que nos decía “vos pusiste la bomba en el juzgado federal e ibas en un auto azul y te bajaste” y yo llegaba a decir “no” pero el tipo seguía repitiendo lo mismo.
Isasa, quien en total permaneció detenida-desaparecida durante dos años y cinco meses en la Comisaría 1ra., en la Guardia de Infantería Reforzada y finalmente en la Comisaría 4ta., nunca logró conocer los motivos por los cuales fue secuestrada, pero tiene la firme sospecha de que fue a consecuencia de un plan “donde alguien decidió que de ese colegio había que llevarse tantos estudiantes y yo entré en la lista”.
–¿En qué momento comienza a buscar documentación para dar con los nombres de sus represores ?
–Mi mamá enferma de cáncer, y vuelvo a Santa Fe en el año ’97; ahí me encuentro con una compañera, la que me cuenta de su esposo desaparecido. Una vez lo va a visitar a la cárcel y lo vio a Ramos, a partir de lo cual empiezo a hacer deducciones. Me fui a los archivos judiciales y encontré una causa por abuso de armas, violación y robo en banda y entre los involucrados estaba Ramos. Ahí contaban que eran del Departamento de Informaciones, su actividad, sus cargos, quiénes eran sus jefes y sus tropelías. Habían armado una bandita y violaron a una chica y se dedicaron al robo. Busqué más información pero finalmente me di cuenta de que no podía hacer nada en este país y me fui a ver a Baltasar Garzón; declaré en España, pero nunca imaginé que 11 años después lo haría en el juicio a Brusa.
–¿En qué momento se encuentra con el decreto de Reutemann y cómo llega al mismo?
–Cuando estoy en el juicio me dicen: “El Lole quiso quemar los archivos”, y ahí empiezo a buscar, di con el número de un decreto que no pude encontrar, pero como los actos de gobierno se registran en varios lugares, finalmente pude llegar a él. Reutemann firmó otro decreto dos días después pero con un formato diferente. Ahí comprendí que había encontrado la orden con la que intentó destruir el archivo de Santa Fe que contiene material muy importante.
Isasa sospecha que Reutemann buscó destruir los archivos “por cómplice y porque apoyó conceptualmente el golpe y toda su metodología”, y porque además “uno de sus funcionarios, Mercier, se desempeñó en la dictadura como parte del directorio del Banco de Santa Fe, llegó a ser su director y lo endeudó”.
Agrega que “posiblemente haya habido documentación de la que se quisieron desprender”. Cuenta que tras su denuncia ningún funcionario de la administración Binner o del Gobierno nacional se puso en contacto con ella y que supo que “Reutemann ordenó un silencio de radio”, tras lo cual realizó una presentación ante la Unidad Fiscal a cargo de Jorge Auat, “que la giró a la fiscal de Rosario, Mabel Colalongo”.
Antes de que finalice junio la mujer planea, mediante un escrito, solicitarle a la fiscal “que impute” al ex gobernador por la posible comisión de los delitos “de destrucción de información vinculada con crímenes de lesa humanidad, lo cual es gravísimo, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
juez Brusa. En su afán por hacer justicia contra sus torturadores, descubrió que el ex gobernador
ordenó suprimir archivos de su caso. Ahora lo denunciará por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Patricia Isasa.
Por Horacio Aranda Gamboa
Su caso terminó de adquirir notoriedad cuando debió testificar en el juicio por el que finalmente el ex juez federal Víctor Brusa fuera condenado a 21 años de prisión acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Santa Fe durante la pasada dictadura militar.
Pese a la condena, Patricia Isasa tuvo la necesidad de conocer los nombres, las jerarquías y los destinos de los otros represores que no estaban sentados en el banquillo de los acusados y los que el 30 de julio de 1976, cuando contaba con tan sólo 16 años, la habían secuestrado y sometido a todo tipo de torturas y vejámenes, incluida la violación.
Casi por causalidad, esta mujer de voluntad inquebrantable, se fue a topar con la novedad de que existía un decreto, el 77/92, a través del cual durante su gestión, el ex gobernador Carlos Reutemann ordenó la destrucción de archivos generados durante los años del terrorismo de Estado y los que pudieron ser vitales a los fines de la búsqueda de verdad y justicia. Tras realizar la denuncia pública y una presentación ante la Procuración General de la Nación, ahora Isasa decidió redoblar la apuesta y radicará una denuncia ante la Justicia para que se investigue al ex hombre fuerte santafesino por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público
y destrucción de información vinculada con crímenes de lesa humanidad.
–¿Como fue su primer secuestro?
–Fui secuestrada el 30 de julio de 1976, mientras me encontraba con rubéola y en camisón. Tocan el timbre, recuerdo que estaba durmiendo y entran militares, y me arrancan de mi casa, tenía 16 años. Vivía en pleno centro y cuando salimos veo mucho despliegue militar y policial por lo que pensé “estarán buscando a alguien importante”, pero todo eso era para llevarse a la delegada de un
curso en la Escuela Normal Superior de Santa Fe.
–¿De que la acusaban?
–Nunca lo supe, todas fueron suposiciones porque nunca tuve un juicio. Aun en los interrogatorios la pregunta era “¿en que andás?”, lo que demuestra que tampoco había una acusación sino una sospecha. Yo era simpatizante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y no creo que mi actividad pudiera poner en riesgo la seguridad de nada.
Tras ser detenida, Patricia Isasa fue derivada a la Comisaría 1ra., lugar que logró reconocer durante el juicio a Brusa y donde fue obligada a permanecer en cuclillas a lo largo de una semana. Ahí era interrogada periódicamente por “Gerardo” –al que después pudo identificar como Gerardo Ramos– quien además “hacía monólogos como si estuviera loco”. Previo a un nuevo traslado y a raíz de sus conocimientos en primeros auxilios fue obligada a asistir a María Rosa, mamá de quien hasta ese momento era su novio, la que “tenía quemaduras, un pezón colgando y las piernas azuladas por haber sido colgada de ellas”.
Finalmente, la mujer sobrevivió luego de ser trasladada a un hospital pero durante 5 años permaneció en silla de ruedas.
–De la gente que pudo reconocer ¿alguno de ellos está desaparecido?
–En el primer lugar sólo pude reparar en Viviana Casol, a los otros sólo los vi pasar. Había un chico que era también de la UES pero que apareció. Nunca pude encontrar a alguien que haya pasado por la 4ta, sólo somos cuatro los que salimos vivos. El primer día “trasladaron” a 10, el segundo “trasladaron” a otros 10 y el día que era nuestro turno, nos dieron la libertad ¿Qué fue lo que pasó? Que la Comisión Interamericana (CIDH) dijo que no iba a venir al país ese día –era julio– y decidió venir en septiembre.
–¿Cómo fue su segunda desaparición?
–Fue un armado que hacen cuando la CIDH anuncia que va a venir en el año ’79. En marzo
empiezo a buscar familiares de las chicas que estuvieron secuestradas conmigo y que fueron trasladadas a Devoto para hacer una presentación en conjunto para que la CIDH hiciera algo. El 1º de julio ponen una bomba en el juzgado federal que queda a una cuadra de mi casa y me secuestran a mí y a otras tres personas conocidas y nos llevan a la Guardia de Infantería. Durante el interrogatorio venía un tipo que nos decía “vos pusiste la bomba en el juzgado federal e ibas en un auto azul y te bajaste” y yo llegaba a decir “no” pero el tipo seguía repitiendo lo mismo.
Isasa, quien en total permaneció detenida-desaparecida durante dos años y cinco meses en la Comisaría 1ra., en la Guardia de Infantería Reforzada y finalmente en la Comisaría 4ta., nunca logró conocer los motivos por los cuales fue secuestrada, pero tiene la firme sospecha de que fue a consecuencia de un plan “donde alguien decidió que de ese colegio había que llevarse tantos estudiantes y yo entré en la lista”.
–¿En qué momento comienza a buscar documentación para dar con los nombres de sus represores ?
–Mi mamá enferma de cáncer, y vuelvo a Santa Fe en el año ’97; ahí me encuentro con una compañera, la que me cuenta de su esposo desaparecido. Una vez lo va a visitar a la cárcel y lo vio a Ramos, a partir de lo cual empiezo a hacer deducciones. Me fui a los archivos judiciales y encontré una causa por abuso de armas, violación y robo en banda y entre los involucrados estaba Ramos. Ahí contaban que eran del Departamento de Informaciones, su actividad, sus cargos, quiénes eran sus jefes y sus tropelías. Habían armado una bandita y violaron a una chica y se dedicaron al robo. Busqué más información pero finalmente me di cuenta de que no podía hacer nada en este país y me fui a ver a Baltasar Garzón; declaré en España, pero nunca imaginé que 11 años después lo haría en el juicio a Brusa.
–¿En qué momento se encuentra con el decreto de Reutemann y cómo llega al mismo?
–Cuando estoy en el juicio me dicen: “El Lole quiso quemar los archivos”, y ahí empiezo a buscar, di con el número de un decreto que no pude encontrar, pero como los actos de gobierno se registran en varios lugares, finalmente pude llegar a él. Reutemann firmó otro decreto dos días después pero con un formato diferente. Ahí comprendí que había encontrado la orden con la que intentó destruir el archivo de Santa Fe que contiene material muy importante.
Isasa sospecha que Reutemann buscó destruir los archivos “por cómplice y porque apoyó conceptualmente el golpe y toda su metodología”, y porque además “uno de sus funcionarios, Mercier, se desempeñó en la dictadura como parte del directorio del Banco de Santa Fe, llegó a ser su director y lo endeudó”.
Agrega que “posiblemente haya habido documentación de la que se quisieron desprender”. Cuenta que tras su denuncia ningún funcionario de la administración Binner o del Gobierno nacional se puso en contacto con ella y que supo que “Reutemann ordenó un silencio de radio”, tras lo cual realizó una presentación ante la Unidad Fiscal a cargo de Jorge Auat, “que la giró a la fiscal de Rosario, Mabel Colalongo”.
Antes de que finalice junio la mujer planea, mediante un escrito, solicitarle a la fiscal “que impute” al ex gobernador por la posible comisión de los delitos “de destrucción de información vinculada con crímenes de lesa humanidad, lo cual es gravísimo, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
miércoles, 2 de junio de 2010
Aníbal Fernández defendió en el Senado el canje de deuda y la labor del Indec
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se presentó en la Cámara de Senadores para explicar los pasos que se siguen por el canje de deuda que se está realizando con los holdout. Defendió las mediciones que realiza el Indec.
“El beneficio pasa por normalizar la relación con el mundo financiero”, defendió el jefe de Gabinete, Anibal Fernández, la política oficial de reabrir el canje de deuda. De ese modo, dejó en claro que el Gobierno no busca con esta decisión volver a los mercados de capitales.
El jefe de Gabinete concurrió hoy al Senado, en cumplimiento de la sesión informativa especial que manda la Constitución Nacional reformada en 1994. En primer lugar, hizo una exposición de unos 20 minutos, en la que explicó los pasos en la reapertura del canje de deuda, para incluir a los tenedores de bonos que quedaron afuera en 2005.
“A diferencia del 2005, en el 2008 los agentes representativos del mercado, por así llamarlos, nos plantearon que se habían equivocado ante la evolución de la economía de los argentinos y querían entrar” en el canje de deuda, destacó Fernández, al explicar las razones que motivaron el proceso que lleva adelante el Ministerio de Economía.
Recordó entonces que, en ese entonces, la deuda que entró en el canje fue de 82.000 millones de dólares, mientras que la que quedó fuera alcanzó los u$s 18.200 millones. De ese monto excluido, 3.000 millones están en poder de fondos buitre, 5.000 millones entre acreedores minoristas y el resto son acreedores institucionales. De este último grupo, los mayoritarios (tenedores de bonos por más de u$s 100 millones) entraron todos en esta nueva apertura del canje, valoró el jefe de ministros.
Además, apuntó que ahora se está en proceso de convocatoria de tenedores de deuda minoristas e institucionales menores a los u$s 100 millones. Recordó que el canje de deuda original, de 2005, “nunca fue un negocio minorista”, por lo que los bancos que fomentaron esa modalidad deberán ser responsables.
Luego comenzó a responder a las preguntas que le formularon por escrito durante las últimas semanas los senadores. La mayoría las respondió por la misma vía y le fueron entregados en un CD a cada uno de los miembros de la Cámara alta.
El Indec "arrastraba un montón de errores"
En una de las primeras preguntas, se lo consultó acerca de la polémica por las mediciones del Indec. Y en este punto hizo un racconto de la modificación en la metodología que se aplicó en ese organismo. Mencionó que en abril de 2008 se hizo un “cambio de base” que “era imperioso, porque el anterior arrastraba un montón de errores”.
En ese sentido, explicó que se procedió a eliminar de la canasta cerca de 400 artículos que no reflejaban la verdadera economía de los argentinos y que distorsionaban las mediciones del Indice de Precios al Consumidor (IPC). Y cuestionó, en ese rumbo, las mediciones que publican algunas encuestadoras privadas, que son “una gran mentira”, a partir de “ese verso que inventaron” de medir la inflación de manera particular.
Asimismo, reconoció que “las diferencias metodológicas con las provincias (en la medición de la inflación) son importantes”, a partir de que muchas de ellas tienen una cuestionable ponderación en los artículos que integran sus canastas de medición.
“El beneficio pasa por normalizar la relación con el mundo financiero”, defendió el jefe de Gabinete, Anibal Fernández, la política oficial de reabrir el canje de deuda. De ese modo, dejó en claro que el Gobierno no busca con esta decisión volver a los mercados de capitales.
El jefe de Gabinete concurrió hoy al Senado, en cumplimiento de la sesión informativa especial que manda la Constitución Nacional reformada en 1994. En primer lugar, hizo una exposición de unos 20 minutos, en la que explicó los pasos en la reapertura del canje de deuda, para incluir a los tenedores de bonos que quedaron afuera en 2005.
“A diferencia del 2005, en el 2008 los agentes representativos del mercado, por así llamarlos, nos plantearon que se habían equivocado ante la evolución de la economía de los argentinos y querían entrar” en el canje de deuda, destacó Fernández, al explicar las razones que motivaron el proceso que lleva adelante el Ministerio de Economía.
Recordó entonces que, en ese entonces, la deuda que entró en el canje fue de 82.000 millones de dólares, mientras que la que quedó fuera alcanzó los u$s 18.200 millones. De ese monto excluido, 3.000 millones están en poder de fondos buitre, 5.000 millones entre acreedores minoristas y el resto son acreedores institucionales. De este último grupo, los mayoritarios (tenedores de bonos por más de u$s 100 millones) entraron todos en esta nueva apertura del canje, valoró el jefe de ministros.
Además, apuntó que ahora se está en proceso de convocatoria de tenedores de deuda minoristas e institucionales menores a los u$s 100 millones. Recordó que el canje de deuda original, de 2005, “nunca fue un negocio minorista”, por lo que los bancos que fomentaron esa modalidad deberán ser responsables.
Luego comenzó a responder a las preguntas que le formularon por escrito durante las últimas semanas los senadores. La mayoría las respondió por la misma vía y le fueron entregados en un CD a cada uno de los miembros de la Cámara alta.
El Indec "arrastraba un montón de errores"
En una de las primeras preguntas, se lo consultó acerca de la polémica por las mediciones del Indec. Y en este punto hizo un racconto de la modificación en la metodología que se aplicó en ese organismo. Mencionó que en abril de 2008 se hizo un “cambio de base” que “era imperioso, porque el anterior arrastraba un montón de errores”.
En ese sentido, explicó que se procedió a eliminar de la canasta cerca de 400 artículos que no reflejaban la verdadera economía de los argentinos y que distorsionaban las mediciones del Indice de Precios al Consumidor (IPC). Y cuestionó, en ese rumbo, las mediciones que publican algunas encuestadoras privadas, que son “una gran mentira”, a partir de “ese verso que inventaron” de medir la inflación de manera particular.
Asimismo, reconoció que “las diferencias metodológicas con las provincias (en la medición de la inflación) son importantes”, a partir de que muchas de ellas tienen una cuestionable ponderación en los artículos que integran sus canastas de medición.
Informe sobre la Niñez y Adolescencia de la Argentina en Ginebra
Desde 2003, más de tres millones de niños dejaron de ser pobres en la Argentina
Desde 2003, más de tres millones de niños dejaron de ser pobres, mientras que se registran 1.700.000 menos de indigentes en el total de la población, según el informe que Argentina presentó hoy ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en Ginebra.
Desde 2003, más de tres millones de niñas y niños dejaron de ser pobres, mientras que se registran 1.700.000 menos de indigentes en el total de la población,precisa el informe que Argentina presentó, en la primera jornada, ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en Ginebra.
El informe se hizo sobre la base de datos proporcionados por las áreas de estadísticas de los ministerios, del Conicet y de la Encuesta de Hogares del Indec.
Además, el informe destacó que las medida de protección social como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que reciben 3.700.000 niños y jóvenes en la Argentina, que permitió el aumento de la matrícula escolar, y la nueva Ley de Protección Integral, entre otras políticas que favorecen el acceso de los chicos al pleno ejercicio de sus derechos.
“El Gasto Público Social Nacional dirigido a la niñez fue de 72.751,5 millones de pesos en 2008. Esa tasa, en relación al PBI, aumentó del 5,5% en 2003 al 7% en 2008”, afirmó la titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), Paola Vessvessian.
Por otra parte, la representante de una la ONG “Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación del Comité Internacional por los Derechos del Niño” (CASACIDN), Daniela Zulcovsky, sostuvo que “sin duda, hubo grandes avances y destaco la AUH, los logros de la Ley 26.061 y las políticas educativas”, como estrategias positivas para la Niñez y la Adolescencia.
La presentación se extiende durante la jornada de hoy 3 de junio, en la que seguirán trabajando la comitiva argentina y los organismos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en Ginebra.
domingo, 30 de mayo de 2010
BICENTENARIO INOLVIDABLE
Vale la pena recordar en imágenes la fiesta del pueblo en todo su esplendor.
sábado, 29 de mayo de 2010
FUERZA BRUTA
Por Alfredo Zaiat
La confusión y análisis binario que dominan el escenario de la disputa político-mediática exige, del mismo modo que se hace en varias películas que advierten al espectador que se trata de una historia verídica o que los personajes no tienen relación con la realidad, la siguiente aclaración:
La intervención del Gobierno en el Indec destruyó la mucha o poca credibilidad que tenía el Sistema Nacional de Estadísticas Públicas. A lo largo de más de tres años, desde el comienzo de la crisis (“Boomerang”, 4 de febrero de 2007, publicado en el suplemento económico Cash de este diario) se criticó en más de una oportunidad la forma de los cambios realizados en la organización de esa dependencia y los movimientos abruptos de personal técnico y administrativo. También se observó la ausencia de información sobre las modificaciones aplicadas en las metodologías para realizar los relevamientos estadísticos, la interrupción de la difusión de la Encuesta Permanente de Hogares (“Información Pública”, publicado el 11 de abril de 2009, en base a un documento del Cels. Más adelante la EPH volvió a estar disponible), la debilidad expositiva oficial sobre las transformaciones internas y la sostenida morosidad en el flujo informativo con el consejo de asesores. A la vez, se mencionó la existencia de intensas internas políticas, gremiales y personales que profundizaron la crisis del Instituto. No se ignoró que hubo reacciones porque se afectaron algunos kioscos de tráfico de datos que complementaban el salario de responsables de áreas. Todo este proceso traumático en el Indec castigó mucho más a la palabra oficial dilapidando su legitimidad que el funcionamiento de la economía, que pese a todo coordinó la indexación de sus principales variables sin provocar desórdenes macroeconómicos descartando el IPC del Instituto.
Esta historia no es completa, y el principal responsable de que no lo sea es el propio Gobierno debido a las debilidades que muestra para emprender un necesario sendero de recuperación de la credibilidad del Indec. Sin embargo, resulta importante avanzar en ese desafío. Para ello el análisis sobre la calidad de las estadísticas que dominan el espacio público debe ser integral. Existe bastante coincidencia en el mundo académico acerca de exigir rigurosidad, precisión metodológica y aclaración sobre el tipo de relevamiento y estructura de encuestas de los indicadores oficiales. Este obvio y necesario reclamo en cambio es absolutamente ignorado en relación con las estadísticas elaboradas por consultoras privadas. Estas no están obligadas a reunir estándares de excelencia ni estrictos criterios científicos. Pero si ése es el nivel de exigencia habitual, es un despropósito que se hayan instalado como “la verdad estadística” en contraposición a los índices del Indec. Más aún cuando esas consultoras reúnen las siguientes características: la calidad de las estadísticas que preparan son mediocres, no se conoce la metodología aplicada para elaborar indicadores, no pueden mostrar la apertura de la muestra porque carecen de ella y no poseen equipos de encuestadores para construir un índice de precios consistente. En cualquier otra circunstancia de normalidad del sistema público de estadísticas, ni hubieran sido consideradas. Incluso ahora se requiere de firmes convicciones políticas que inhiben la rigurosidad intelectual, que varios demuestran en forma militante, para considerar correctas estimaciones de precios 2010 que oscilan del 25 al 40 por ciento anual. Como se sabe, existe un problema de precios en el rubro alimentos y bebidas desde hace tres años, pero esto no implica la existencia de un proceso de aumentos generalizados y descontrolados.
La desmesura analítica de las consultoras privadas tiene un componente político-ideológico que las aleja de la posibilidad de construir sólidos indicadores. Intervienen en la actual disputa política donde los grupos conservadores pretenden instalar el estado de miedo en la población por diversas vías. Algunas fueron desmontadas con la fuerza bruta de la fiesta popular del Bicentenario. Otras son más complejas, como el miedo a la inflación que convoca a los peores fantasmas de la inestabilidad económica y el deterioro social. Una potente herramienta para consolidar ese temor es la difusión de índices de precios privados desbocados. Vale insistir con que esa posibilidad fue abonada por el descrédito del Indec, que a esta altura requiere de un certificado de calidad al estilo IRAM para comenzar el proceso de recuperación de su credibilidad.
En esa tarea de construcción de ese miedo económico se suma la debilidad conceptual y de principios de un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas indignado hoy por lo que sucede en el Indec, cuando durante décadas han convivido y silenciado en esa casa de altos estudios con la marginación de profesores por su ideología, atropellos académicos por parte de las autoridades de la facultad, movimientos millonarios de dinero poco transparentes, nichos de negocios y violencia de miembros del centro de estudiantes y con planes de estudios que forman yuppies en lugar de economistas. Las pertinentes observaciones académicas al Indec son imprescindibles. Pero cuando el entusiasmo por intervenir en la disputa política es más fuerte que el aporte técnico, se requiere contar con antecedentes de compromisos que lo respalden, y cualquiera que haya transitado los pasillos de esa facultad sabe que muy pocos pueden exhibirlos.
Una cosa es cuestionar algunos indicadores del Indec y otra muy distinta es otorgar credibilidad a índices que no resisten la mínima prueba de solidez técnica. Ese espacio de “no estadística” provoca un vacío que la ansiedad mediática, la especulación política y el instinto de supervivencia de funcionarios de primer nivel buscan llenar con indicadores privados. Cada uno tiene su motivación para ese comportamiento perturbador, pero no puede ocultarse que se trata de una elección política convalidar la producción estadística de consultoras de la city. Más aún cuando no esconden sus bajos instintos. Estos quedaron expuestos en forma contundente en expresiones de uno de los responsables de Buenos Aires City, agencia de referencia de algunos ministerios, de economistas heterodoxos y de la corriente mediática dominante. Nicolás Salvatore, de Buenos Aires City, escribió en su muro de Facebook (perfil público) el 26 de abril a las 8.41 horas: “Este gobierno termina con el mundial, es motivo de celebración. la inflación es un fuego santo, purificador, que incendiará a todo el kirchnerismo en la hoguera. Brindo por Phi (inflación esperada) esperado!! Y no solo brindo, me voy a encargar, como todos los meses, de que Phi esperado sea alto, muy alto, recontra alto, como diría el finado Guido Di Tella”.
Esta declaración de intenciones tiene la virtud de la sinceridad, cualidad no imitada por el resto de sus colegas, que se dedican a conjeturar el índice de precios aunque desean lo mismo que ese economista. A propósito, para no seguir contribuyendo a la confusión general, funcionarios y comunicadores sociales tienen a disposición una nota oficial que desmiente que Buenos Aires City sea un centro de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, atributo que se asignaba erróneamente (ver facsímil). En esa agencia también participa la ex directora del IPC del Indec Graciela Bevacqua. En lo que sí coinciden unos y otros especialistas de indicadores de precios a la carta es en ocultar que trabajan como asesores de diversas fuerzas políticas que aspiran a ser gobierno. Como se sabe, en esa instancia, los anhelos personales se confunden con la exigencia de realizar estudios serios sobre la realidad económica e indicadores estadísticos. Esto ha quedado en evidencia en más de una oportunidad a lo largo de estos años, con la conmovedora persistencia de esos economistas de la city en elaborar diagnósticos equivocados y, por lo tanto, proponer recetas de medidas que mostraron fracasar.
azaiat@pagina12.com.ar
La confusión y análisis binario que dominan el escenario de la disputa político-mediática exige, del mismo modo que se hace en varias películas que advierten al espectador que se trata de una historia verídica o que los personajes no tienen relación con la realidad, la siguiente aclaración:
La intervención del Gobierno en el Indec destruyó la mucha o poca credibilidad que tenía el Sistema Nacional de Estadísticas Públicas. A lo largo de más de tres años, desde el comienzo de la crisis (“Boomerang”, 4 de febrero de 2007, publicado en el suplemento económico Cash de este diario) se criticó en más de una oportunidad la forma de los cambios realizados en la organización de esa dependencia y los movimientos abruptos de personal técnico y administrativo. También se observó la ausencia de información sobre las modificaciones aplicadas en las metodologías para realizar los relevamientos estadísticos, la interrupción de la difusión de la Encuesta Permanente de Hogares (“Información Pública”, publicado el 11 de abril de 2009, en base a un documento del Cels. Más adelante la EPH volvió a estar disponible), la debilidad expositiva oficial sobre las transformaciones internas y la sostenida morosidad en el flujo informativo con el consejo de asesores. A la vez, se mencionó la existencia de intensas internas políticas, gremiales y personales que profundizaron la crisis del Instituto. No se ignoró que hubo reacciones porque se afectaron algunos kioscos de tráfico de datos que complementaban el salario de responsables de áreas. Todo este proceso traumático en el Indec castigó mucho más a la palabra oficial dilapidando su legitimidad que el funcionamiento de la economía, que pese a todo coordinó la indexación de sus principales variables sin provocar desórdenes macroeconómicos descartando el IPC del Instituto.
Esta historia no es completa, y el principal responsable de que no lo sea es el propio Gobierno debido a las debilidades que muestra para emprender un necesario sendero de recuperación de la credibilidad del Indec. Sin embargo, resulta importante avanzar en ese desafío. Para ello el análisis sobre la calidad de las estadísticas que dominan el espacio público debe ser integral. Existe bastante coincidencia en el mundo académico acerca de exigir rigurosidad, precisión metodológica y aclaración sobre el tipo de relevamiento y estructura de encuestas de los indicadores oficiales. Este obvio y necesario reclamo en cambio es absolutamente ignorado en relación con las estadísticas elaboradas por consultoras privadas. Estas no están obligadas a reunir estándares de excelencia ni estrictos criterios científicos. Pero si ése es el nivel de exigencia habitual, es un despropósito que se hayan instalado como “la verdad estadística” en contraposición a los índices del Indec. Más aún cuando esas consultoras reúnen las siguientes características: la calidad de las estadísticas que preparan son mediocres, no se conoce la metodología aplicada para elaborar indicadores, no pueden mostrar la apertura de la muestra porque carecen de ella y no poseen equipos de encuestadores para construir un índice de precios consistente. En cualquier otra circunstancia de normalidad del sistema público de estadísticas, ni hubieran sido consideradas. Incluso ahora se requiere de firmes convicciones políticas que inhiben la rigurosidad intelectual, que varios demuestran en forma militante, para considerar correctas estimaciones de precios 2010 que oscilan del 25 al 40 por ciento anual. Como se sabe, existe un problema de precios en el rubro alimentos y bebidas desde hace tres años, pero esto no implica la existencia de un proceso de aumentos generalizados y descontrolados.
La desmesura analítica de las consultoras privadas tiene un componente político-ideológico que las aleja de la posibilidad de construir sólidos indicadores. Intervienen en la actual disputa política donde los grupos conservadores pretenden instalar el estado de miedo en la población por diversas vías. Algunas fueron desmontadas con la fuerza bruta de la fiesta popular del Bicentenario. Otras son más complejas, como el miedo a la inflación que convoca a los peores fantasmas de la inestabilidad económica y el deterioro social. Una potente herramienta para consolidar ese temor es la difusión de índices de precios privados desbocados. Vale insistir con que esa posibilidad fue abonada por el descrédito del Indec, que a esta altura requiere de un certificado de calidad al estilo IRAM para comenzar el proceso de recuperación de su credibilidad.
En esa tarea de construcción de ese miedo económico se suma la debilidad conceptual y de principios de un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas indignado hoy por lo que sucede en el Indec, cuando durante décadas han convivido y silenciado en esa casa de altos estudios con la marginación de profesores por su ideología, atropellos académicos por parte de las autoridades de la facultad, movimientos millonarios de dinero poco transparentes, nichos de negocios y violencia de miembros del centro de estudiantes y con planes de estudios que forman yuppies en lugar de economistas. Las pertinentes observaciones académicas al Indec son imprescindibles. Pero cuando el entusiasmo por intervenir en la disputa política es más fuerte que el aporte técnico, se requiere contar con antecedentes de compromisos que lo respalden, y cualquiera que haya transitado los pasillos de esa facultad sabe que muy pocos pueden exhibirlos.
Una cosa es cuestionar algunos indicadores del Indec y otra muy distinta es otorgar credibilidad a índices que no resisten la mínima prueba de solidez técnica. Ese espacio de “no estadística” provoca un vacío que la ansiedad mediática, la especulación política y el instinto de supervivencia de funcionarios de primer nivel buscan llenar con indicadores privados. Cada uno tiene su motivación para ese comportamiento perturbador, pero no puede ocultarse que se trata de una elección política convalidar la producción estadística de consultoras de la city. Más aún cuando no esconden sus bajos instintos. Estos quedaron expuestos en forma contundente en expresiones de uno de los responsables de Buenos Aires City, agencia de referencia de algunos ministerios, de economistas heterodoxos y de la corriente mediática dominante. Nicolás Salvatore, de Buenos Aires City, escribió en su muro de Facebook (perfil público) el 26 de abril a las 8.41 horas: “Este gobierno termina con el mundial, es motivo de celebración. la inflación es un fuego santo, purificador, que incendiará a todo el kirchnerismo en la hoguera. Brindo por Phi (inflación esperada) esperado!! Y no solo brindo, me voy a encargar, como todos los meses, de que Phi esperado sea alto, muy alto, recontra alto, como diría el finado Guido Di Tella”.
Esta declaración de intenciones tiene la virtud de la sinceridad, cualidad no imitada por el resto de sus colegas, que se dedican a conjeturar el índice de precios aunque desean lo mismo que ese economista. A propósito, para no seguir contribuyendo a la confusión general, funcionarios y comunicadores sociales tienen a disposición una nota oficial que desmiente que Buenos Aires City sea un centro de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, atributo que se asignaba erróneamente (ver facsímil). En esa agencia también participa la ex directora del IPC del Indec Graciela Bevacqua. En lo que sí coinciden unos y otros especialistas de indicadores de precios a la carta es en ocultar que trabajan como asesores de diversas fuerzas políticas que aspiran a ser gobierno. Como se sabe, en esa instancia, los anhelos personales se confunden con la exigencia de realizar estudios serios sobre la realidad económica e indicadores estadísticos. Esto ha quedado en evidencia en más de una oportunidad a lo largo de estos años, con la conmovedora persistencia de esos economistas de la city en elaborar diagnósticos equivocados y, por lo tanto, proponer recetas de medidas que mostraron fracasar.
azaiat@pagina12.com.ar
sábado, 22 de mayo de 2010
LA EDUCACIÓN EN EL BICENTENARIO
La semana pasada los invitamos a la charla debate "La educación en el Bicentenario", que efectivamente se realizó el miércoles 19 en Radio Gráfica, con una mesa formada por el Ministro de Educación de la Nación Alberto Sileoni, el legislador Tito Nenna, Roberto Baradel, Secretario Gral de SUTEBA y Néstor Rebecchi, director de la Escuela Media 2, que funciona en el complejo de la Gráfica.
Fue una jornada de fiesta, no todos los días un ministro viene al barrio a dialogar con los compañeros, los vecinos, los docentes y los chicos, los alumnos. ¿no nos alcanzaron las sillas para tantos compañeros! Gracias a todos los que nos acompañaron, en especial a Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo; Pedro Lanteri de Radio Las Madres y Alejandro Sandoval, nieto Nª 84.
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