REUTEMANN DESTRUYO ARCHIVOS POR COMPLICE CON LA DICTURA

Detenida ilegalmente durante el último régimen militar, fue testigo clave en el juicio al ex
juez Brusa. En su afán por hacer justicia contra sus torturadores, descubrió que el ex gobernador
ordenó suprimir archivos de su caso. Ahora lo denunciará por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Patricia Isasa.
Por Horacio Aranda Gamboa

Su caso terminó de adquirir notoriedad cuando debió testificar en el juicio por el que finalmente el ex juez federal Víctor Brusa fuera condenado a 21 años de prisión acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Santa Fe durante la pasada dictadura militar.

Pese a la condena, Patricia Isasa tuvo la necesidad de conocer los nombres, las jerarquías y los destinos de los otros represores que no estaban sentados en el banquillo de los acusados y los que el 30 de julio de 1976, cuando contaba con tan sólo 16 años, la habían secuestrado y sometido a todo tipo de torturas y vejámenes, incluida la violación.

Casi por causalidad, esta mujer de voluntad inquebrantable, se fue a topar con la novedad de que existía un decreto, el 77/92, a través del cual durante su gestión, el ex gobernador Carlos Reutemann ordenó la destrucción de archivos generados durante los años del terrorismo de Estado y los que pudieron ser vitales a los fines de la búsqueda de verdad y justicia. Tras realizar la denuncia pública y una presentación ante la Procuración General de la Nación, ahora Isasa decidió redoblar la apuesta y radicará una denuncia ante la Justicia para que se investigue al ex hombre fuerte santafesino por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público
y destrucción de información vinculada con crímenes de lesa humanidad.

–¿Como fue su primer secuestro?
–Fui secuestrada el 30 de julio de 1976, mientras me encontraba con rubéola y en camisón. Tocan el timbre, recuerdo que estaba durmiendo y entran militares, y me arrancan de mi casa, tenía 16 años. Vivía en pleno centro y cuando salimos veo mucho despliegue militar y policial por lo que pensé “estarán buscando a alguien importante”, pero todo eso era para llevarse a la delegada de un
curso en la Escuela Normal Superior de Santa Fe.

–¿De que la acusaban?
–Nunca lo supe, todas fueron suposiciones porque nunca tuve un juicio. Aun en los interrogatorios la pregunta era “¿en que andás?”, lo que demuestra que tampoco había una acusación sino una sospecha. Yo era simpatizante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y no creo que mi actividad pudiera poner en riesgo la seguridad de nada.

Tras ser detenida, Patricia Isasa fue derivada a la Comisaría 1ra., lugar que logró reconocer durante el juicio a Brusa y donde fue obligada a permanecer en cuclillas a lo largo de una semana. Ahí era interrogada periódicamente por “Gerardo” –al que después pudo identificar como Gerardo Ramos– quien además “hacía monólogos como si estuviera loco”. Previo a un nuevo traslado y a raíz de sus conocimientos en primeros auxilios fue obligada a asistir a María Rosa, mamá de quien hasta ese momento era su novio, la que “tenía quemaduras, un pezón colgando y las piernas azuladas por haber sido colgada de ellas”.

Finalmente, la mujer sobrevivió luego de ser trasladada a un hospital pero durante 5 años permaneció en silla de ruedas.

–De la gente que pudo reconocer ¿alguno de ellos está desaparecido?
–En el primer lugar sólo pude reparar en Viviana Casol, a los otros sólo los vi pasar. Había un chico que era también de la UES pero que apareció. Nunca pude encontrar a alguien que haya pasado por la 4ta, sólo somos cuatro los que salimos vivos. El primer día “trasladaron” a 10, el segundo “trasladaron” a otros 10 y el día que era nuestro turno, nos dieron la libertad ¿Qué fue lo que pasó? Que la Comisión Interamericana (CIDH) dijo que no iba a venir al país ese día –era julio– y decidió venir en septiembre.

–¿Cómo fue su segunda desaparición?
–Fue un armado que hacen cuando la CIDH anuncia que va a venir en el año ’79. En marzo
empiezo a buscar familiares de las chicas que estuvieron secuestradas conmigo y que fueron trasladadas a Devoto para hacer una presentación en conjunto para que la CIDH hiciera algo. El 1º de julio ponen una bomba en el juzgado federal que queda a una cuadra de mi casa y me secuestran a mí y a otras tres personas conocidas y nos llevan a la Guardia de Infantería. Durante el interrogatorio venía un tipo que nos decía “vos pusiste la bomba en el juzgado federal e ibas en un auto azul y te bajaste” y yo llegaba a decir “no” pero el tipo seguía repitiendo lo mismo.

Isasa, quien en total permaneció detenida-desaparecida durante dos años y cinco meses en la Comisaría 1ra., en la Guardia de Infantería Reforzada y finalmente en la Comisaría 4ta., nunca logró conocer los motivos por los cuales fue secuestrada, pero tiene la firme sospecha de que fue a consecuencia de un plan “donde alguien decidió que de ese colegio había que llevarse tantos estudiantes y yo entré en la lista”.

–¿En qué momento comienza a buscar documentación para dar con los nombres de sus represores ?
–Mi mamá enferma de cáncer, y vuelvo a Santa Fe en el año ’97; ahí me encuentro con una compañera, la que me cuenta de su esposo desaparecido. Una vez lo va a visitar a la cárcel y lo vio a Ramos, a partir de lo cual empiezo a hacer deducciones. Me fui a los archivos judiciales y encontré una causa por abuso de armas, violación y robo en banda y entre los involucrados estaba Ramos. Ahí contaban que eran del Departamento de Informaciones, su actividad, sus cargos, quiénes eran sus jefes y sus tropelías. Habían armado una bandita y violaron a una chica y se dedicaron al robo. Busqué más información pero finalmente me di cuenta de que no podía hacer nada en este país y me fui a ver a Baltasar Garzón; declaré en España, pero nunca imaginé que 11 años después lo haría en el juicio a Brusa.

–¿En qué momento se encuentra con el decreto de Reutemann y cómo llega al mismo?
–Cuando estoy en el juicio me dicen: “El Lole quiso quemar los archivos”, y ahí empiezo a buscar, di con el número de un decreto que no pude encontrar, pero como los actos de gobierno se registran en varios lugares, finalmente pude llegar a él. Reutemann firmó otro decreto dos días después pero con un formato diferente. Ahí comprendí que había encontrado la orden con la que intentó destruir el archivo de Santa Fe que contiene material muy importante.

Isasa sospecha que Reutemann buscó destruir los archivos “por cómplice y porque apoyó conceptualmente el golpe y toda su metodología”, y porque además “uno de sus funcionarios, Mercier, se desempeñó en la dictadura como parte del directorio del Banco de Santa Fe, llegó a ser su director y lo endeudó”.

Agrega que “posiblemente haya habido documentación de la que se quisieron desprender”. Cuenta que tras su denuncia ningún funcionario de la administración Binner o del Gobierno nacional se puso en contacto con ella y que supo que “Reutemann ordenó un silencio de radio”, tras lo cual realizó una presentación ante la Unidad Fiscal a cargo de Jorge Auat, “que la giró a la fiscal de Rosario, Mabel Colalongo”.

Antes de que finalice junio la mujer planea, mediante un escrito, solicitarle a la fiscal “que impute” al ex gobernador por la posible comisión de los delitos “de destrucción de información vinculada con crímenes de lesa humanidad, lo cual es gravísimo, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.