RESPUESTA A PRAT-GAY

El diputado que no parece economista
Desde el año 2003, al contrario de lo declamado por los gobiernos anteriores pero nunca cumplido, el Gobierno ha desarrollado políticas para asegurar tanto el superávit fiscal como el comercial.

Por Norberto Itzcovich | 10.04.2010 | 23:28

Desde el año 2003, al contrario de lo declamado por los gobiernos anteriores pero nunca cumplido, el Gobierno ha desarrollado políticas para asegurar tanto el superávit fiscal como el comercial. A este respecto, aún en plena crisis mundial se tomaron medidas para asegurar la fluidez de dólares al mercado doméstico, otrora habitual cuello de botella de la economía argentina.

A pesar de la previsión de los agoreros de siempre, que a principios del 2009 auguraban un superávit de balanza comercial inferior a los US$ 6 mil millones, dicho resultado arrojó la suma de prácticamente US$ 17 mil millones.

Respecto del aumento de los precios, lejos de asistir a un proceso inflacionario, se verifica claramente una suba en los precios de la variedad carne vacuna del Indice de Precios al Consumidor, producto muy relevante en el consumo de la población argentina. En efecto, al realizar un análisis serio de los índices de precios, tanto del correspondiente al Gran Buenos Aires que elabora el INDEC, como de los de algunos aglomerados (no existen índices realmente provinciales), surge que el aumento de dicho producto tuvo una incidencia de entre 70% y 80% en la variación de esos indicadores, en el mes de febrero de 2010. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que los índices de precios con los que se compara el IPC-GBA, tienen metodologías absolutamente diferentes y adolecen de criterios de calidad en la recopilación y en el análisis de la información. Muchos de ellos tienen antiquísimo año base (1980 o 1988, según el caso). En consecuencia, las diferencias son absolutamente lógicas (por ejemplo, si aumenta el precio del boleto de colectivo en la ciudad de Rosario, no tiene por que impactar en el GBA). En el mismo sentido, por las razones expuestas, no es cierto que las diferencias hayan comenzado recién en 2007.

Es reconocido por muchos sectores que durante el año 2009, a pesar de la más grave crisis mundial que afectó a la mayoría de los países, que opositores como Prat-Gay soslayan con increíble infantilismo, las medidas activas de política económica aplicadas por el Gobierno nacional destinadas a incentivar la demanda agregada, conservar el empleo, mantener la inversión pública, fomentar el consumo a través de la asignación universal y las jubilaciones, entre muchas otras, tuvieron el efecto deseado, con un aumento del PIB del 0,9% en el año 2009.

Muestra de ello es que el promedio de aportantes a la AFIP –el último dato a septiembre de 2009– creció 0,5% en los primeros nueve meses de ese año, respecto a igual período de 2008.

En consecuencia, intentar presentar la situación de la economía argentina durante el año 2009 como una situación de estanflación (recesión con inflación), como hace Prat-Gay en un artículo del diario PERFIL del domingo 4 de abril, sin tener en cuenta –y ni siquiera mencionar– las importantes previsiones de crecimiento para el año 2010, con las que coinciden prácticamente todos los analistas privados, es producto de una matriz de pensamiento en la que pareciera que no entra ninguna idea alternativa al ajuste del que todos los argentinos tenemos cruda memoria.

Una política monetaria restrictiva junto con la eliminación de los subsidios a las tarifas, como parece sugerir el autor de la nota, no tendrán otra consecuencia que el impacto negativo en la economía, perjudicando la necesaria inversión –por el lado del empresariado principalmente pequeño y mediano–, y el empleo y los ingresos, en lo referente a los sectores del trabajo. Se necesita una política monetaria que acompañe el crecimiento de la economía y fomente la inversión, y no que los restrinja.

Resulta necesario, para la calidad institucional y democrática del país, que los críticos y opositores expliquen –blanco sobre negro– sus propuestas y el impacto que las mismas tendrían sobre la gente, al reducir la actividad económica, la inversión y el empleo.

La política económica que desde hace casi siete años viene desarrollando con éxito el Gobierno nacional están más que claras, tanto como las consecuencias positivas que la misma tiene sobre la población.